Muchos organismos del sector público han prohibido a sus empleados usar las redes sociales como Facebook, Twitter, You Tube, My Space, LinkedIn o servicios telefónicos como Skype durante las horas de oficina con el objetivo de aumentar la eficiencia y el rendimiento laboral. La causa de esta prohibición radica en el abuso de muchos empleados que pasan más tiempo en Internet que cumpliendo las funciones para los cuales fueron contratados.
Negar el valor que las redes sociales pueden tener en la función pública y en la creación de un Gobierno Electrónico (e-gobierno), que sea más participativo y que esté conectado con la ciudadanía, demuestra una visión gerencial corto placista. Esta prohibición limita la creatividad de los empleados públicos y la capacidad de estar comunicados con la sociedad civil. Adicionalmente, limita la posibilidad de que el Estado esté presente en un espacio digital donde ocurre una gran parte de la interacción ciudadana y el de mayor crecimiento a nivel nacional (hoy, hay más de 7 millones de venezolanos que utilizan las redes para mantenerse conectados).
A nivel internacional, hay muchas experiencias positivas en cuanto al uso de las redes sociales por los gobiernos, los cuales las utilizan en el área educativa, en el sector de la salud, en el manejo del tráfico, en entrenamientos de personal, etc. En algunos países como Japón, las redes sociales de información interactúan con asociaciones profesionales fuertes que ayudan a la innovación y se asemejan a los clusters de empresas o ciudades basadas en el conocimiento.
Por su lado, el Primer Ministro Canadiense, Stephen Harper, utiliza You Tube para contestar las preguntas enviadas por los ciudadanos con temas como el déficit fiscal, ayuda al desarrollo, el funcionamiento del Senado, Afganistán, cambio climático, la caza de focas, el independentismo quebequés y la legalización del consumo de marihuana. Adicionalmente, tiene su página en Facebook y ofrece información a través de Twitter.
En Suecia, el gobierno cuenta con un sitio en la red que permite a los ciudadanos evaluar los servicios prestados por las oficinas públicas cuyo resultado ha sido una mejor inversión de los recursos públicos, un cambio en la atención al ciudadano y una reducción de los tiempos de tramitación.
Como se puede ver el gobierno electrónico puede implementarse de diversas maneras y una de ellas son las redes sociales que permiten el acercamiento gobierno-ciudadano y el manejo de problemas-soluciones. El hecho es no prohibir el uso de las redes sociales y de servicios telefónicos por parte de los empleados públicos sino de desarrollar un sistema digital que acerque a los organismos oficiales a la ciudadanía y que permita la solución de los problemas nacionales. Por su lado, los empleados públicos deberán demostrar una alta responsabilidad en la implementación del e-Gobierno a través de las redes sociales.
